DS 006 2014 JUS SE BASA EN TRES EJES ESTRATÉGICOS.

Aprueban política para enfrentar la delincuencia patrimonial.

A partir del 12 de julio de 2014, el Estado Peruano cuenta por primera vez con una política que aborda el fenómeno de la delincuencia patrimonial, al haberse publicado el Decreto Supremo Nº 006-2014-JUS que aprueba la “Política Nacional frente a los Delitos Patrimoniales”, como el principal instrumento orientador de política criminal en búsqueda de frenar y controlar este grave problema social.

 

Tiene por objetivo el control y la reducción de los delitos patrimoniales, a través de la disminución de factores de riesgo asociados a su comisión, las oportunidades que los posibilitan, así como el acceso a los medios que los facilitan.

 

Para ello, sobre la base de tres ejes estratégicos, se han establecido (10) diez lineamientos generales y (35) treinta y cinco lineamientos específicos de política criminal, orientados al control y desarticulación de mercados de bienes ilícitos y de dudosa procedencia, el fomento de la convivencia de los ciudadanos en un ambiente seguro, saludable, participativo, inclusivo y democrático o la limitación al acceso, circulación y uso injustificado, indebido e ilegal de armas de fuego, entre otros; cuya ejecución conjunta permitirá la cobertura integral, atendiendo a las características de la delincuencia patrimonial de cada localidad.

 

Se ha abordado el problema de los delitos patrimoniales sobre la base del estudio de las diversas teorías criminológicas que explican el fenómeno de la criminalidad patrimonial (teoría de la desviación, teoría económica, teorías que atienden a la oportunidad) y las diversas propuestas de intervención existentes en el medio (prevención social, prevención situacional) además de haberse trabajado sobre las cifras estadísticas nacionales de los sectores vinculados a este fenómeno.

 

Esta Política Nacional es de aplicación a los diversos sectores y entidades involucradas en el sistema de control social y en particular por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, investigación y represión del delito, a la justicia penal y a la ejecución de penas y medidas de seguridad, pero además está orientada para su aplicación local a través de los gobiernos locales y la propia comunidad.