ANTE
LOS CONSECUTIVOS HECHOS DE VIOLENCIA, AMENAZA Y ACOSO POLÍTICO.
Durante las últimas semanas los medios de comunicación
han informado sobre acontecimientos de violencia e incluso asesinato con
móviles políticos. La dimensión de los hechos recientes ha impactado en la opinión pública pero – lamentablemente – esta no
es una situación nueva.
Destacamos la encomiable labor de los medios de
comunicación en revelar a la opinión pública los acontecimientos antes
mencionados y somos conscientes que en el contexto del actual proceso electoral regional y municipal estos repudiables hechos podrían
incrementarse, alterando la tranquilidad y seguridad pública que todos los
ciudadanos y ciudadanas requieren para ejercer sus derechos políticos y
participar libre y activamente en la deliberación pública, expresión y difusión
de ideas y posiciones políticas, adhesión o respaldo a una organización
política, entre otras formas de manifestación política espontánea que fluye del
proceso electoral.
En esta misma dirección, nos preocupan los riesgos de
penetración del crimen organizado – narcotráfico, sicariato, extorsión- dentro
del mencionado escenario político electoral y, con ello, el impacto en la vida de
las personas, así como en las instituciones democráticas, en la libre elección
de autoridades, así como en las condiciones para que las organizaciones políticas compitan por el
voto ciudadano.
Esta situación requiere de acciones efectivas y
coordinadas por parte de las instituciones del Estado como el Jurado Nacional
de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para
en alianza con las instituciones responsables de la protección de los derechos
y la seguridad de las personas y de la administración de justicia, así como de
las organizaciones políticas y de la sociedad civil, y medios de comunicación,
podamos hacer frente a esta nueva forma de violencia política que hoy amenaza
nuestra democracia.
La democracia prohíbe el uso de la violencia en todas sus
formas como un medio para imponer ideas, contrarrestar opositores, zanjar
debates, impedir la vigilancia ciudadana, favorecer la corrupción, ganar elecciones
o evitar el ejercicio de los derechos políticos de control y participación en
condiciones de igualdad por parte de las ciudadanas y ciudadanos.
Las peruanas y peruanos hemos dado muestras de nuestra
capacidad para vencer a la violencia y anteponer los objetivos comunes por encima
de cualquier interés particular. Y esta circunstancia que vivimos hoy requiere
que estemos unidos para rechazar y hacer frente esta situación que amenaza con erosionar
nuestra vida en democracia.
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