El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió la
fiscalización de los 103.820 candidatos a las elecciones regionales y
municipales del próximo 5 de octubre.
El nuevo paso consiste en que las futuras
autoridades pasarán también por el filtro de antecedentes de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la
Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura
(CNM) y la Sociedad Nacional de Industrias (SIN).
El JNE cotejará lo declarado por los candidatos en
sus hojas de vida con la información que remitan dichas instituciones para
verificar la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes a dirigir los 25
gobiernos regionales, 195 municipalidades provinciales y 1.647
distritales.
Especial atención tiene para el JNE el pedido a la
Unidad de Inteligencia Financiera para que brinde la lista de personas
denunciadas por lavado de activos, a fin de determinar si entre ellas figuren
candidatos que hayan sido sentenciados por ese delito.
En el caso de la Contraloría, la consulta apunta a
las autoridades que van a la reelección, para saber si incurrieron en algún
delito contra el patrimonio del Estado durante su mandato.
La consulta al CNM se centra en los candidatos que
fueron jueces o fiscales e interesa saber si tienen algún proceso de
sanción.
A la SNI se la pedirá confirmar si pertenecen a
dicho gremio los candidatos que se declaran industriales y así lo han
anotado en su hoja de vida.
Esta acción se suma a la emprendida en la primera
quincena de julio, cuando se solicitó información al Poder Judicial sobre el
Registro Nacional de Condenas y a la Asamblea Nacional de Rectores sobre los
títulos y grados inscritos, a fin de contrastarlos con lo declarado por los candidatos.
Si se
comprueba irregularidad o falsedad en la información consignada en la hoja de
vida de los aspirantes, el órgano electoral puede invalidar o excluir la
candidatura.
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