El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) anunció esta mañana las primeras medidas tomadas, en menos de 48 horas, contra las cuatro editoriales implicadas en la denuncia periodística que da cuenta de infracciones contra los consumidores, padres de familia, en la comercialización de textos escolares.
Según anunció el presidente del Consejo Directivo del INDECOPI, Hebert Tassano Velaochaga, luego de un intenso trabajo emprendido desde el domingo, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección del Consumidor del INDECOPI ordenó, como medida cautelar, la inmovilización de los fondos de las editoriales Bruño, Santillana, Corefo y Hilder. Esta decisión tiene como finalidad, asegurar la devolución del dinero pagado en exceso, en caso se compruebe la infracción.
Tras explicar los alcances de las competencias del INDECOPI, en cuanto a la fiscalización de la campaña escolar del presente año, Tassano Velaochaga indicó que la institución que preside ha realizado en Lima 197 fiscalizaciones (al 25 de enero del 2012), verificándose la existencia de presuntas infracciones, tales como: cobro de cuotas extraordinarias, suspensión del servicio educativo ante el retraso en el pago de las pensiones, cobro de pensiones por adelantado, entre otros. Por ello, se iniciarán los respectivos procedimientos sancionadores.
Por otro lado, en regiones, la institución ha fiscalizado a 162 colegios privados, de los cuales 122 habrían incurrido en infracciones a los derechos del consumidor. Hasta el momento se ha formalizado procesos sancionadores a 20 planteles. Las infracciones más frecuentes fueron: monto de matrícula mayor a la pensión, compra obligada de seguros en los colegios, compra obligada de útiles en un proveedor predeterminado, exigencia de una determinada marca de uniformes, entre otras.
En cuanto a los resultados de las fiscalizaciones del año 2011, el INDECOPI informó que en todo el país se detectaron 1414 centros educativos infractores. Las infracciones fueron: direccionamiento en la compra de útiles y uniformes, monto de matrícula mayor a la pensión, exigencia de la totalidad de útiles al inicio del año escolar, cancelación de exámenes ante el retraso en el pago, entre otras.
En este contexto, al amparo del Código de Protección y Defensa del Consumidor y con la publicación de la lista de precios otorgada por la Cámara Peruana del Libro, el INDECOPI ha propiciado un escenario más transparente que permite detectar irregularidades como las denunciadas por la prensa.
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