“LAS
MUJERES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN PIURA”.
El representante de la Defensoría del Pueblo
en Piura, César Orrego Azula, advirtió que las instituciones públicas,
como los colegios, las comisarías, los centros de emergencia mujer (CEM), las
municipalidades y las fiscalías no están trabajando adecuadamente para atender
los casos de violencia.
Durante la presentación de un estudio al respecto,
Orrego recordó que esas limitaciones impiden prevenir, atender y erradicar este
problema, sobre todo en distritos con mayor incidencia, pues allí no hay
servicios públicos especializados en esta materia.
Por ejemplo, Orrego indicó que los Centros
Comunitarios de Salud Mental, del Ministerio de Salud, vienen funcionando en
zonas donde la incidencia de casos es menor.
Asimismo, en una muestra de colegios públicos de
educación básica de Piura no se viene aplicando con rigurosidad los
protocolos de atención de casos de violencia; lo mismo ocurre en las escuelas
de educación básica alternativa, donde no tienen conocimiento de los protocolos
y del sistema Siseve, una plataforma virtual para reportar estos casos.
También se ha identificado que en Piura hay
cinco refugios para albergar a mujeres víctimas de violencia, pero en total
solo tienen a dos mujeres recibiendo acompañamiento. Lo mismo ocurre con los
centros para recibir a niños y adolescentes, donde en total tienen a 221
menores en atención, pero tienen capacidad para 290.
Sin embargo, uno de los problemas más saltantes es
la carencia de psicólogos en las fiscalías de familia, lo cual impide hacer las
pericias a las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. “En
el caso de Piura y Catacaos, las personas deben esperar hasta 8 meses
para que les realicen las pericias psicológicas”, dijo.
Asimismo, las comisarías carecen de personal
capacitado; y de 10 comisarías visitadas en Piura, 9 no tienen la cantidad
suficiente de vehículos, y seis no tienen el servicio de telefonía.
Por ello, Orrego Azula, invocó al Ministerio de la
Mujer a gestionar el presupuesto necesario para atender como corresponde los
problemas de violencia que se han convertido en el principal problema de
inseguridad ciudadana en la región.
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