POR JULIO ARBIZU.

LOS AUDIOS DE LA INFAMIA Y EL CALLAO.

12 de Julio del 2018. 

¿Qué tienen en común César Hinostroza Pariachi y Walter Ríos, Juez Supremo y Presidente de la Corte Superior del Callao, respectivamente, además de haber sido protagonistas de los comprometedores audios difundidos por IDL Reporteros?

Hace unos años, el ahora Magistrado Supremo, Hinostroza, ocupó el sillón que ahora ensucia Walter Ríos como Presidente de la Corte Superior de la provincia constitucional.

El Callao vive desde hace varios años, a la sombra de la delincuencia organizada, que se ha institucionalizado y encontrado protección en nefastos personajes que se han infiltrado en los espacios de decisión política regional y local. Algunos de esos personajes han sido investigados por años, pero siempre han conseguido los favores de una impunidad inexplicable, que los ha mantenido siendo protagonistas de la vida pública de una región que, año a año, incrementa dramáticamente sus índices de criminalidad.

En noviembre del año pasado la Policía Nacional del Perú, producto de la investigación a una presunta organización criminal en el Callao, detuvo a varios de sus miembros e incautó también varios teléfonos celulares. Luego del barrido a esos teléfonos se detectó una importante cantidad de llamadas de los presuntos delincuentes a números telefónicos de jueces, vocales y fiscales de las jurisdicciones de Lima y el Callao.

Por esta razón, en diciembre de 2017, la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, Fiscal de Crimen Organizado del Callao solicitó la interceptación de los números celulares de las personas que habían recibido llamadas desde los teléfonos incautados. La solicitud fue admitida por el Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, que ordenó la interceptación que dio lugar al descubrimiento de gravísimos negociados entre magistrados, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y otros personajes privados. Varias de estas conversaciones revelarían la comisión de graves delitos de corrupción.

El pasado 7 de julio, IDL Reporteros, con la colaboración de Justicia Viva, publicó un reportaje de investigación sobre estos hechos, en el que se hicieron públicos estos audios, obtenidos de manera absolutamente legal. La forma en que estos llegaron a manos de los periodistas no es conocida y la prensa tiene protección constitucional para no revelar sus fuentes. Por lo demás, la información difundida tiene un legítimo interés público y la obligación profesional de informar sobre estos asuntos. De allí que no solo sea preocupante, sino un lamentable mecanismo de amedrentamiento contra la prensa, la rápida e ilegal diligencia ordenada por una fiscalía anticorrupción para allanar las oficinas del IDL, en busca de evidencias.

Uno de los protagonistas de los audios revelados en los últimos días es Edwin Antonio Camayo Valverde, gerente general de Iza Motors, la empresa favorita del “comunicador” Phillip Butters. En uno de esos audios, Camayo le comentó a Hinostroza Pariachi que preparaba una celebración por la elección de Orlando Velásquez como Presidente del CNM, el también candidato de uno de los lacayos más penosos del fujimorismo, Héctor Becerril, que ya había tratado de convencer a otro consejero de su voto a favor de Velásquez.

Ahondar en la trayectoria de Camayo como empresario es regresar al Callao como fuente de esta gravísima crisis que atraviesa el sistema de justicia del país. Iza Motors, su empresa ha conseguido jugosos contratos con la Corte Superior del Callao en los últimos años y ha tenido como miembro de su directorio a uno de los personajes más importantes para el desarrollo progresivo del crimen organizado y la corrupción en el Callao, Alex Kouri Bumachar, hoy preso por la corrupción del caso Convial. Kouri, amigo íntimo de Butters, peón comunicacional de Iza Motors, debe estar muy disgustado con las recientes revelaciones de la prensa de investigación independiente. Desde su celda debe añorar sus años de oscuro emperador de un tenebroso y cruento Callao, que ahora puede convertirse en el espacio para el inicio de una reforma seria y decidida del sistema de justicia.