martes, 21 de agosto de 2018

EN SECHURA.

Miski Mayo entrega más de 192 toneladas de fertilizantes a la Comunidad Campesina San Martín. 

Cumpliendo con los compromisos contractuales asumidos con la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, Compañía Minera Miski Mayo viene entregando de forma gratuita 192.65 toneladas de fertilizantes, correspondientes al periodo 2017-2018.

Este año, la entrega consiste en 80.4 toneladas sulfato amonio; 80.15 toneladas de úrea y 32.05 toneladas de nitrato amonio, puntualizó José Luis Vega; gerente de relaciones comunitarias de Miskimayo. 

Al acto de entrega asistieron representantes de Compañía Minera Miski Mayo y de la Directiva de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura.

Cabe resaltar que los fertilizantes entregados son exclusivamente de uso agrícola, en beneficio de los comuneros agricultores de la Comunidad Campesina de San Martín de Sechura, con la finalidad de contribuir con la mejora de la agricultura en la zona de influencia de la mina.

Miski Mayo cumple los compromisos contractuales asumidos con la Comunidad y el Estado Peruano; demostrando así su sincero y firme compromiso con el progreso de Sechura. 

SUNARP TE INFORMA.


¿CÓMO AVERIGUAR QUÉ PROPIEDADES TENÍA UN FAMILIAR FALLECIDO?

Ante el fallecimiento de un familiar, surge la pregunta sobre qué propiedades tenía el difunto y qué bienes conforman la herencia de sus familiares. Para salir de dudas, los parientes deben recurrir a la oficina de la Sunarp más cercana y descartar -en primer lugar- la existencia de un testamento. Para ello deberán solicitar una ‘Búsqueda de Índices’ en el Registro de Personas Naturales.

La solicitud de búsqueda se realiza verbalmente, especificando el nombre completo del testador y el registro donde se efectuará la búsqueda, en este caso el de Testamentos. El costo de los derechos registrales es de S/ 5.00 y su plazo de expedición es de dos horas.

Sin testamento. 
En caso el difunto no haya dejado un testamento que decida cómo ordenar y distribuir su patrimonio, los parientes deberán tramitar una sucesión intestada. De esta manera, se designará a los herederos legales del finado.

Para conocer si el familiar fallecido tenía propiedades o bienes a su nombre, se deberá solicitar en una oficina registral o receptora la ‘Búsqueda de Índices’ en los siguientes registros: 

·         Registro de Propiedad Inmueble: información sobre terrenos, casas, departamentos a nombre del difunto.
·         Registro de Bienes Muebles: sobre autos, motos o maquinaria inscrita a favor del finado.
·         Registro de Personas Jurídicas: sobre acciones y participaciones del difunto en sociedades mercantiles.

Cualquier persona puede realizar los trámites de búsqueda. No es necesario ser pariente, ni tener sucesión intestada para solicitar la información, basta con el nombre completo del difunto.

En caso del Registro de Propiedad Inmueble, la solicitud se realiza verbalmente, indicando el Registro y la Oficina Registral donde se efectuará la búsqueda. El costo es de S/ 7.00 y el plazo de expedición es de 30 minutos.

En lo que respecta al Registro de Propiedad Vehicular, existen tres criterios de búsqueda: por el nombre del titular registral, por el número de motor y por el número de serie. El costo es de S/ 5.00 y el plazo de expedición es dos horas.

Para efectuar la búsqueda en el Registro de Personas Jurídicas, se deberá señalar la denominación o razón social de la persona jurídica sobre la que se solicita la búsqueda. Los derechos registrales a pagar son S/ 5.00 y el plazo de expedición es dos horas.

Medida forma parte de declaratoria del estado de emergencia.


AUTORIZAN ACCIÓN PENAL CONTRA MAGISTRADOS INVOLUCRADOS EN PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN PIURA Y SULLANA.

El Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, dispuso autorizar el ejercicio de la acción penal contra dos fiscales de Piura y un juez Sullana, implicados en presuntos actos de corrupción.

Entre los magistrados comprendidos en la medida se encuentra el fiscal provincial titular de Talara, César Augusto Palacios Poma, quien aparecería en algunas imágenes recibiendo dinero en efectivo al parecer producto de una coima.

La medida fue adoptada en el marco del estado de emergencia decretado por el doctor Chávarry Vallejos en el distrito fiscal de Piura, luego de la visita inopinada efectuada la semana pasada en esa zona del país ante denuncias de la ciudadanía sobre la existencia de una presunta red de corrupción.

En el caso de Palacios Poma, el titular del Ministerio Público autorizó el ejercicio de la acción penal por el delito de cohecho pasivo propio. Además, la medida comprende al fiscal adjunto provincial titular de Piura, Ricardo Limberg Cerro Sánchez, quien habría favorecido a un procesado por homicidio.

Asimismo, se autorizó la acción penal por los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico contra el juez de Sullana, Carlos Alberto Vásquez Dioses, quien es acusado de presuntas presiones hacia otro juez para favorecer a un ex alcalde de Sullana.

CONGRESISTA CEVALLOS A FISCAL DE LA NACIÓN.


Exige medidas concretas contra corrupción en Ministerio Público.

El congresista por Piura, Hernando Cevallos Flores, en reunión con el Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, demandó acciones claras y concretas en la lucha contra la corrupción existente en el Ministerio Púbico, pues a una semana de la declaración de emergencia en el distrito fiscal de Piura, aun no se ha cumplido con separar de sus cargos a fiscales y funcionarios implicados en el cobro de coimas.

Cevallos fue enfático al señalar que la población regional espera que la emergencia en la Fiscalía se plasme en hechos que permitan recuperar la confianza en esta institución, sobre todo luego de que el Fiscal de la Nación llegara hasta Piura para ahondar en las denuncias que el legislador y la Bancada del Frente Amplio hicieron públicas en el nivel nacional.

El parlamentario informó que el Fiscal de la Nación ha reiterado su decisión de avanzar en un proceso de cambio para mejorar la imagen del Ministerio Público en la región, y que en las próximas horas se estarían oficializando las esperadas medidas.

“Hemos insistido en la necesidad de demostrar que realmente hay voluntad de acabar con la impunidad, de revisar las denuncias relacionadas con la corrupción en diversas instituciones públicas de la región, y que esto debe hacerse de manera urgente”, puntualizó Cevallos Flores.


MINISTERIO PÚBLICO DE PIURA.


09 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETOS ACUSADOS DE ASESINAR A GRIFERO.

El 2° juzgado de Investigación Preparatoria de Piura acogió el pedido del fiscal provincial Carlos Alberto Sánchez Campos y otorgó esta medida coercitiva contra Pablo Darío Miranda Ibarra (28), Sebastián Alberto Timoteo Atoche (22) y Anthony William López Rivas (22), como presuntos coautores del delito de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de Fernando Daniel Correa Veliz.

Los hechos materia de investigación, de acuerdo a la denuncia policial, sucedieron la madrugada del último sábado cuando 6 sujetos llegaron en 3 motos lineales al grifo Daniel, ubicado en la carretera a la Legua. Uno de ellos apunta con un arma directamente a Fernando Correa Veliz, el mismo que al ver esto intenta guardar su celular en la pretina de su pantalón recibiendo un disparo mortal.

Mientras otro sujeto reduce a dos trabajadores del grifo a quienes les sustrae dinero de la venta del día y objetos personales, para luego huir del lugar. Horas más tardes, son intervenidos los tres denunciados y reconocidos por los testigos como los que habrían cometido el delito.

El fiscal Sánchez Campos junto a la fiscal adjunta Imazumac Oderay Córdova Reyes sustentó, entre los principales elementos de convicción que vinculan a los imputados con el hecho delictivo: las Actas de intervención policial, de lacrado de proyectil encontrado, de registro personal, de visualización de los vídeos de cámaras de seguridad, entre otros.

Los ahora investigados serán trasladados al penal de Piura, ex Rio Seco; desde donde afrontará el proceso que se le sigue por el presunto delito de Robo agravado con subsecuente muerte, que de acuerdo al Código penal se castiga con cadena perpetua.

domingo, 15 de julio de 2018

POR JULIO ARBIZU.


LOS AUDIOS DE LA INFAMIA Y EL CALLAO.
12 de Julio del 2018. 
¿Qué tienen en común César Hinostroza Pariachi y Walter Ríos, Juez Supremo y Presidente de la Corte Superior del Callao, respectivamente, además de haber sido protagonistas de los comprometedores audios difundidos por IDL Reporteros?

Hace unos años, el ahora Magistrado Supremo, Hinostroza, ocupó el sillón que ahora ensucia Walter Ríos como Presidente de la Corte Superior de la provincia constitucional.

El Callao vive desde hace varios años, a la sombra de la delincuencia organizada, que se ha institucionalizado y encontrado protección en nefastos personajes que se han infiltrado en los espacios de decisión política regional y local. Algunos de esos personajes han sido investigados por años, pero siempre han conseguido los favores de una impunidad inexplicable, que los ha mantenido siendo protagonistas de la vida pública de una región que, año a año, incrementa dramáticamente sus índices de criminalidad.

En noviembre del año pasado la Policía Nacional del Perú, producto de la investigación a una presunta organización criminal en el Callao, detuvo a varios de sus miembros e incautó también varios teléfonos celulares. Luego del barrido a esos teléfonos se detectó una importante cantidad de llamadas de los presuntos delincuentes a números telefónicos de jueces, vocales y fiscales de las jurisdicciones de Lima y el Callao.

Por esta razón, en diciembre de 2017, la Fiscal Rocío Sánchez Saavedra, Fiscal de Crimen Organizado del Callao solicitó la interceptación de los números celulares de las personas que habían recibido llamadas desde los teléfonos incautados. La solicitud fue admitida por el Juez de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, Cerapio Roque Huamancóndor, que ordenó la interceptación que dio lugar al descubrimiento de gravísimos negociados entre magistrados, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y otros personajes privados. Varias de estas conversaciones revelarían la comisión de graves delitos de corrupción.

El pasado 7 de julio, IDL Reporteros, con la colaboración de Justicia Viva, publicó un reportaje de investigación sobre estos hechos, en el que se hicieron públicos estos audios, obtenidos de manera absolutamente legal. La forma en que estos llegaron a manos de los periodistas no es conocida y la prensa tiene protección constitucional para no revelar sus fuentes. Por lo demás, la información difundida tiene un legítimo interés público y la obligación profesional de informar sobre estos asuntos. De allí que no solo sea preocupante, sino un lamentable mecanismo de amedrentamiento contra la prensa, la rápida e ilegal diligencia ordenada por una fiscalía anticorrupción para allanar las oficinas del IDL, en busca de evidencias.

Uno de los protagonistas de los audios revelados en los últimos días es Edwin Antonio Camayo Valverde, gerente general de Iza Motors, la empresa favorita del “comunicador” Phillip Butters. En uno de esos audios, Camayo le comentó a Hinostroza Pariachi que preparaba una celebración por la elección de Orlando Velásquez como Presidente del CNM, el también candidato de uno de los lacayos más penosos del fujimorismo, Héctor Becerril, que ya había tratado de convencer a otro consejero de su voto a favor de Velásquez.

Ahondar en la trayectoria de Camayo como empresario es regresar al Callao como fuente de esta gravísima crisis que atraviesa el sistema de justicia del país. Iza Motors, su empresa ha conseguido jugosos contratos con la Corte Superior del Callao en los últimos años y ha tenido como miembro de su directorio a uno de los personajes más importantes para el desarrollo progresivo del crimen organizado y la corrupción en el Callao, Alex Kouri Bumachar, hoy preso por la corrupción del caso Convial. Kouri, amigo íntimo de Butters, peón comunicacional de Iza Motors, debe estar muy disgustado con las recientes revelaciones de la prensa de investigación independiente. Desde su celda debe añorar sus años de oscuro emperador de un tenebroso y cruento Callao, que ahora puede convertirse en el espacio para el inicio de una reforma seria y decidida del sistema de justicia.

sábado, 14 de julio de 2018

EN PIURA.


1,320 FUNCIONARIOS PÚBLICOS SON INVESTIGADOS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN.

Un total de 1,320 funcionarios de diferentes instituciones y dependencias públicas de la región Piura son procesados por diversos delitos de corrupción, así lo informó la doctora Susana Castañeda Otsú, coordinadora del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien llegó a Piura este fin de semana para participar de la inauguración del taller para jueces y fiscales sobre la correcta tipificación de este tipo de delitos.
En Piura los juzgados Anticorrupción tienen 102 casos en investigación preparatoria, tres en etapa intermedia, 30 en juicio oral, cuatro en apelación y 16 en ejecución de sentencia. En total 165 expedientes que involucran a funcionarios públicos en delitos de corrupción. Cabe indicar que en Piura los Juzgados especializados en delitos de corrupción de funcionarios empezaron a funcionar en marzo de este año.
La magistrada precisó que en base a esta estadística ahora buscan determinar, cuál es el perfil del funcionario corrupto para tener un panorama completo de lo que viene sucediendo en nuestra región. Tras reunirse con las autoridades de la Corte Superior de Justicia de Piura, se acordó consolidar la información de los procesados. Por ejemplo, la edad promedio, género, el cargo, así como el monto del perjuicio al Estado.

Datos:
-El tipo de delito más común es el de peculado, es decir los malos funcionarios se apropian del patrimonio del Estado. 
-Durante el 2017, los juzgados de todo el país han reportado más de 8 mil expedientes con 23 mil 542 funcionarios implicados en presuntos actos de corrupción.
-Hasta el 2017, Piura ocupaba el octavo lugar a nivel nacional en número de expedientes y cantidad de funcionarios procesados por presuntos delitos de corrupción.

Hernán Ruiz Arias, presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, precisó que entre los procesados hay alcaldes, regidores, y trabajadores públicos, entre ellos los involucrados en el caso de los brevetes otorgados de manera irregular en la Dirección regional de Transportes y Comunicaciones.
La principal limitación de los juzgados anticorrupción en Piura es el poco personal con el que cuentan, lo cual hace que aumente la carga procesal.